El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha desestimado este viernes la petición de Carles Puigdemont, Clara Ponsatí y Toni Comín de suspender el levantamiento de su inmunidad como eurodiputados, al considerar que no existe riesgo de que el ex presidente de la Generalitat de Cataluña y sus ex consellers sean detenidos en el ejercicio de sus funciones como miembros del Parlamento Europeo.

El pasado mes de abril, el Parlamento votó a favor de levantar la inmunidad de Puigdemont, Ponsatí y Comín, acusados de sedición y malversación por su implicación en la organización del referéndum ilegal del 1 de octubre y la posterior declaración unilateral de independencia. Los todavía eurodiputados presentaron una denuncia ante la justicia europea el pasado mes de mayo en la que alegaban que el Parlamento no les había garantizado garantizado «la posibilidad de ejercer, en su calidad de diputados, sus derechos fundamentales como representantes de los ciudadanos de la Unión, y que ha vulnerado los derechos que les confieren varios artículos de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea.». El Tribunal aceptó de manera cautelar la suspensión pero hoy resuelve en contra de los líderes independentistas

El TJUE, con sede en Luxemburgo, alega que la suspensión solo podría darse en caso de urgencia «para evitarle un perjuicio grave e irreparable» a los implicados. El vicepresidente del tribunal ha desestimado que sea el caso. La justicia europea alega que la decisión del Parlamento suspende «únicamente la inmunidad de que gozan los diputados, en el territorio de todo estado miembro distinto de su territorio nacional, frente a toda medida de detención y a toda actuación judicial.» Esto, sin embargo, no afecta sus desplazamientos en calidad de eurodiputados.

La defensa de Puigdemont, Comín y Pontsatí alegaba que, al levantarse su inmunidad, se impedía que los políticos catalanes ejercieran su labor como eurodiputados al no poder asistir a las sesiones plenarias en la sede del Parlamento Europeo en Estrasburgo (Francia), por miedo a ser detenidos. Aunque durante gran parte de la pandemia esos desplazamientos sencillamente no se han dado, Luxemburgo alega que la inmunidad que «ampara a los diputados durante sus desplazamientos al lugar de reunión del Parlamento o cuando regresen de este permanece jurídicamente intacta.»
Limitación de desplazamientos

Pero es que además, Luxemburgo no ve urgencia alguna ya que el proceso judicial está paralizado, a la espera de una opinión del propio tribunal sobre la euroorden. «Los diputados no han demostrado que su detención o la limitación de sus desplazamientos ni, con mayor razón, su entrega a las autoridades españolas y su posterior puesta en situación de detención provisional fueran previsibles con un grado de probabilidad suficiente, en particular respecto al Estado en el que residen -Bélgica,» alega el vicepresidente.

El pasado mes de enero, las autoridades belgas decidieron no entregar al también ex conseller Lluís Puig alegando que la ejecución de dicha petición ponía en peligro sus derechos fundamentales. Esta decisión ha sido recurrida ante la justicia europea por el Tribunal Supremo por entender que excede el marco de las peticiones de entrega europeas. Con la decisión de Luxemburgo pendiente, las eurórdenes también lo están.

«Mientras el Tribunal de Justicia no se pronuncie en el asunto prejudicial Puig Gordi y otros, nada permite considerar que las autoridades judiciales belgas o que las autoridades de otro Estado miembro puedan ejecutar las órdenes de detención europeas dictadas contra los diputados y entregarlos a las autoridades españolas,» insiste Luxemburgo. Sin embargo, el Tribunal apunta también que de cambiar las circunstancias, también podría cambiar su posición.